Carlos O. Morales...
derivado del abuso en sus funciones como diputados y el ejercicio ilícito del servicio público, ocho diputados de la 53 Legislatura; Julio Espín Navarrete, Alberto Mojica Linares, Carlos Alaniz Romero, Hortencia Figueroa, Eder Rodríguez, Edith Beltrán Carrillo, Francisco Navarrete Conde y principalmente Silvia Irra Marín podrían ser denunciados penalmente en los próximos 90 días.
para ello, la Junta Política y de Gobierno o bien el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Morelos tienen 90 días para presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público en contra de los arriba citados e incluso, la justicia podría alcanzar a José Manuel Tablas Pimentel y un ex presidente municipal.
Los delitos son, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, esto, en contra de Silvia Irra Marín, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Edith Beltrán Carrillo y Julio Espín Navarrete, Francisco Navarrete Conde, Emmanuel Alberto Mojica Linares. Carlos Alfredo Alaniz Romero, Hortencia Figueroa Peralta, José Manuel Tablas Pimentel, y un ex presidente municipal de la zona sur.
Cabe recordar que en septiembre de 2018, se llevó a cabo la entrega-recepción de la LIII Legislatura a la LIV Legislatura, y de la documentación recibida, se detectó que 40 trabajadores habían intentado ingresar al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos, por lo que, se acordó su revisión para verificar que su proceso de incorporación al sindicato fuera conforme a derecho, ya que era un hecho público y notorio que algunos diputados de la LIII legislatura pretendieron sindicalizar a familiares y colaboradores cercanos, otorgándose aproximadamente 80 Pensiones doradas, cuyos documentos y procedimientos presentaban irregularidades.
De acuerdo a datos recabados, 19 trabajadores cumplieron con los requisitos de ley para su incorporación al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos, mientras que 21 expedientes presentaron diversas irregularidades. Por ello, la dirección jurídica habría procedido a realizar un análisis más exhaustivo de los expedientes de dichos trabajadores.
Doce días después de la toma de protesta de los nuevos diputados, inició la entrega recepción en la cual, se detectaron además de las irregularidades laborales de los nuevos sindicalizados, las pensiones doradas y la falta de los 40 automóviles último modelo utilizados por los diputados de la 53 Legislatura maldita.
Los autos nunca aparecieron, y no hubo denuncia alguna hasta el momento, asimismo, tampoco hay información de quien, o quienes, se llevaron del viejo edificio de Matamoros 10, las curules, cuadros y placas de las legislaturas pasadas y enseres propiedad del Poder Legislativo, lo único que se tiene hasta el momento es la posibilidad que presuntamente haya sido un colaborador de la ex diputada Silvia Irra Marín quien haya sacado la mayor parte de lo que se desapareció, la investigación está en curso y se acudirá a la bitácora de los guardias del inmueble.
Hablando de la ex diputada Silvia Irra, el artículo 276 del Código Penal vigente del Estado de Morelos, dice; “Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que: En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, franquicias, exenciones, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico sin causa justificada, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…”
pues bien, la ex diputada de la LIII legislatura Silvia Irra Marín, fungía como secretaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Igualmente, pertenecía a la Mesa Directiva del Congreso del Estado como secretaria cuando se dio de alta en el Congreso a su sobrino, con el oficio número SAYF/DRH/1799/2016 mediante el cual la C. Karina Arteaga Gutiérrez, directora de recursos humanos del Congreso del Estado de Morelos, informa que dicho ciudadano prestará sus servicios para el Poder Legislativo del Estado de Morelos, a partir del día primero de agosto con cargo de auxiliar adscrito a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con un sueldo neto mensual de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), ordenando su alta en la nómina y el IMSS.
Por todo esto, la ex diputada de la LIII legislatura del Congreso del Estado Silvia Irra Marín, como parte patronal e integrante de la comisión de hacienda, presupuesto y cuenta pública y a través de otras personas empleó a su sobrino Gabriel Irra Vázquez, hecho que se considera delito de ejercicio abusivo de funciones.
finalmente el caso de un ex trabajador del Congreso y favorecido con una pensión dorada, José Miguel N, a través de un escrito del 12 de julio de 2018, la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social de la LIII Legislatura, conformada por los Diputados Silvia Irra Marín, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Edith Beltrán Carrillo y Julio Espín Navarrete, con el carácter de presidente y secretarios respectivamente; como vocales los diputados Francisco Navarrete Conde, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Hortencia Figueroa Peralta, José Manuel Tablas Pimentel, Emmanuel Alberto Mojica Linares y Faustino Javier Estrada González; a través de la Presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión social, Silvia Irra Marín; requirió mediante oficio número CTPySS/LIII-30466/18, /a la Directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado de Morelos, a través de una Comisión Legislativa, las facilidades necesarias para realizar la investigación correspondiente y una vez que se tenga a la vista el expediente laboral se les proporcionen los documentos que acrediten la antigüedad del trabajador JOSÉ MIGUEL N, que prestó servicios en el Congreso del Estado de Morelos, solicitud que se cumplimentó con un oficio sin número, de fecha 13 de julio de 2018, (todo esto en un solo día, muy rápido) y en caso de ganar el juicio promovido por este ex trabajador, el Congreso de Morelos tendría que pagarle, 40 millones de pesos, y los otros 21? podrían dejar sin recursos al Poder Legislativo.
Finalmente cabe señalar que los diputados de la actual legislatura podrían incurrir en omisión y complicidad si no denuncian estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción ya que el daño a los recursos y patrimonio cada día es más latente.
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Carlos O. Morales...
derivado del abuso en sus funciones como diputados y el ejercicio ilícito del servicio público, ocho diputados de la 53 Legislatura; Julio Espín Navarrete, Alberto Mojica Linares, Carlos Alaniz Romero, Hortencia Figueroa, Eder Rodríguez, Edith Beltrán Carrillo, Francisco Navarrete Conde y principalmente Silvia Irra Marín podrían ser denunciados penalmente en los próximos 90 días.
para ello, la Junta Política y de Gobierno o bien el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Morelos tienen 90 días para presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público en contra de los arriba citados e incluso, la justicia podría alcanzar a José Manuel Tablas Pimentel y un ex presidente municipal.
Los delitos son, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, esto, en contra de Silvia Irra Marín, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Edith Beltrán Carrillo y Julio Espín Navarrete, Francisco Navarrete Conde, Emmanuel Alberto Mojica Linares. Carlos Alfredo Alaniz Romero, Hortencia Figueroa Peralta, José Manuel Tablas Pimentel, y un ex presidente municipal de la zona sur.
Cabe recordar que en septiembre de 2018, se llevó a cabo la entrega-recepción de la LIII Legislatura a la LIV Legislatura, y de la documentación recibida, se detectó que 40 trabajadores habían intentado ingresar al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos, por lo que, se acordó su revisión para verificar que su proceso de incorporación al sindicato fuera conforme a derecho, ya que era un hecho público y notorio que algunos diputados de la LIII legislatura pretendieron sindicalizar a familiares y colaboradores cercanos, otorgándose aproximadamente 80 Pensiones doradas, cuyos documentos y procedimientos presentaban irregularidades.
De acuerdo a datos recabados, 19 trabajadores cumplieron con los requisitos de ley para su incorporación al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos, mientras que 21 expedientes presentaron diversas irregularidades. Por ello, la dirección jurídica habría procedido a realizar un análisis más exhaustivo de los expedientes de dichos trabajadores.
Doce días después de la toma de protesta de los nuevos diputados, inició la entrega recepción en la cual, se detectaron además de las irregularidades laborales de los nuevos sindicalizados, las pensiones doradas y la falta de los 40 automóviles último modelo utilizados por los diputados de la 53 Legislatura maldita.
Los autos nunca aparecieron, y no hubo denuncia alguna hasta el momento, asimismo, tampoco hay información de quien, o quienes, se llevaron del viejo edificio de Matamoros 10, las curules, cuadros y placas de las legislaturas pasadas y enseres propiedad del Poder Legislativo, lo único que se tiene hasta el momento es la posibilidad que presuntamente haya sido un colaborador de la ex diputada Silvia Irra Marín quien haya sacado la mayor parte de lo que se desapareció, la investigación está en curso y se acudirá a la bitácora de los guardias del inmueble.
Hablando de la ex diputada Silvia Irra, el artículo 276 del Código Penal vigente del Estado de Morelos, dice; “Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que: En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, franquicias, exenciones, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico sin causa justificada, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…”
pues bien, la ex diputada de la LIII legislatura Silvia Irra Marín, fungía como secretaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Igualmente, pertenecía a la Mesa Directiva del Congreso del Estado como secretaria cuando se dio de alta en el Congreso a su sobrino, con el oficio número SAYF/DRH/1799/2016 mediante el cual la C. Karina Arteaga Gutiérrez, directora de recursos humanos del Congreso del Estado de Morelos, informa que dicho ciudadano prestará sus servicios para el Poder Legislativo del Estado de Morelos, a partir del día primero de agosto con cargo de auxiliar adscrito a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con un sueldo neto mensual de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), ordenando su alta en la nómina y el IMSS.
Por todo esto, la ex diputada de la LIII legislatura del Congreso del Estado Silvia Irra Marín, como parte patronal e integrante de la comisión de hacienda, presupuesto y cuenta pública y a través de otras personas empleó a su sobrino Gabriel Irra Vázquez, hecho que se considera delito de ejercicio abusivo de funciones.
finalmente el caso de un ex trabajador del Congreso y favorecido con una pensión dorada, José Miguel N, a través de un escrito del 12 de julio de 2018, la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social de la LIII Legislatura, conformada por los Diputados Silvia Irra Marín, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Edith Beltrán Carrillo y Julio Espín Navarrete, con el carácter de presidente y secretarios respectivamente; como vocales los diputados Francisco Navarrete Conde, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Hortencia Figueroa Peralta, José Manuel Tablas Pimentel, Emmanuel Alberto Mojica Linares y Faustino Javier Estrada González; a través de la Presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión social, Silvia Irra Marín; requirió mediante oficio número CTPySS/LIII-30466/18, /a la Directora de Recursos Humanos del Congreso del Estado de Morelos, a través de una Comisión Legislativa, las facilidades necesarias para realizar la investigación correspondiente y una vez que se tenga a la vista el expediente laboral se les proporcionen los documentos que acrediten la antigüedad del trabajador JOSÉ MIGUEL N, que prestó servicios en el Congreso del Estado de Morelos, solicitud que se cumplimentó con un oficio sin número, de fecha 13 de julio de 2018, (todo esto en un solo día, muy rápido) y en caso de ganar el juicio promovido por este ex trabajador, el Congreso de Morelos tendría que pagarle, 40 millones de pesos, y los otros 21? podrían dejar sin recursos al Poder Legislativo.
Finalmente cabe señalar que los diputados de la actual legislatura podrían incurrir en omisión y complicidad si no denuncian estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción ya que el daño a los recursos y patrimonio cada día es más latente.
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